Perú firma acuerdos de transporte internacional con Chile y Brasil

Con el objetivo de fomentar los servicios de transporte internacional terrestre de personas y mercancías, en un marco de competencia justa y cooperativa, los organismos encargados de aplicar el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de Perú, Chile y Brasil han llegado a acuerdos durante dos reuniones bilaterales realizadas en territorio peruano.

En las reuniones participaron expertos de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú. Estas instancias son oportunidades para coordinar acciones que impulsen el transporte internacional por carretera como un instrumento para el comercio y el turismo bilaterales, actividades que promueven el desarrollo económico y generan oportunidades laborales.

En cuanto al transporte de mercancías, se ha llegado a un acuerdo con Chile para permitir que el transportista autorizado continúe su viaje hasta el destino especificado en los documentos de transporte, después de haber nacionalizado la carga en el país de destino, facilitando así la entrega de la mercancía.

Del mismo modo, con Brasil se ha decidido informar a la autoridad competente del país de origen del transportista sobre la emisión del permiso complementario, con el objetivo de mantener actualizados los registros del transporte internacional.

En lo que respecta al transporte de personas, se ha reestructurado las rutas con Chile, incorporando ciudades en los itinerarios para facilitar el embarque y desembarque de pasajeros, lo que mejorará la calidad del servicio ofrecido.

Por otro lado, con Brasil se ha acordado actualizar las rutas con una frecuencia mínima quincenal en los trayectos Lima – Río de Janeiro y Puerto Maldonado – Río Branco, con el fin de promover este servicio como una opción de viaje accesible para personas con menos recursos.

Además, el gobierno peruano ha acordado con ambas naciones implementar medidas para garantizar la participación activa del representante legal del transportista en los procedimientos administrativos y sancionatorios, asegurando así que las operaciones de transporte se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.