En las recientes reuniones de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, se ha enfatizado la importancia de fortalecer la industria marítima nacional, así como la bandera chilena, como una medida estratégica a la flexibilización del cabotaje marítimo en el país.
Este tema está siendo evaluado en el marco del segundo proceso constitucional relacionado con el proyecto de ley que pretende modificar las normativas de Fomento a la Marina Mercante y de Navegación, una iniciativa respaldada por el Gobierno.
Algunas organizaciones y grupos han expresado preocupación por el posible impacto laboral que esta propuesta podría tener, especialmente en términos de pérdida de empleos debido al cierre de compañías navieras chilenas o cambios en su bandera de registro.
Durante su intervención ante los legisladores, Héctor Azúa, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales de Marina Mercante (SI.MAR), señaló que la propuesta impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric podría más bien favorecer a la marina mercante extranjera en detrimento de la nacional. Azúa mencionó que las modificaciones propuestas podrían denominarse como una «Ley de Fomento de la Marina Mercante Extranjera y Exterminio de la Chilena», debido a las disposiciones que, según él, favorecen a la industria extranjera.
En la actualidad, la flota de buques comerciales chilenos está compuesta por alrededor de 251 embarcaciones mayores, de las cuales solo 19 realizan actividades comerciales en el extranjero y cabotaje internacional. Las restantes 232 embarcaciones se dedican al cabotaje de conectividad, turismo y actividades vinculadas a la industria salmonera.
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